El “preconcurso” se configura como una herramienta muy útil en dos direcciones. En primer lugar, a la hora de comunicar a sus acreedores la difícil situación económica a la que se enfrenta y que podría desembocar en una “Concurso de Acreedores”, lo que afectará a todos ellos. En segundo lugar,  se trata de un tiempo extra para la restructuración de la deuda y que puede llegar hasta los cuatro meses.

Este procedimiento, que se recoge en el artículo 5.3 bis de la Ley Concursal, nos exime de la obligación de solicitar la declaración de concurso de acreedores, si bien se hará necesario comunicar al juzgado que se han iniciado negociaciones con nuestros acreedores en pos de obtener un convenio con éstos.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la comunicación al juzgado del inicio de negociaciones, la ley nos otorga un plazo de un mes para comunicar al juzgado la solicitud de concurso de acreedores, al no haber obtenido un convenio, o bien la obtención de dicho convenio y la salida de la situación de insolvencia.

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